El escarmiento de Brown

El primer ministro británico, Gordon Brown, prometió el pasado 17 de mayo del 2009 “investigar y disciplinar” a los diputados que han abusado del sistema de gastos de la Cámara de los Comunes. Desde que el diario The Daily Telegraph publicó en una serie de reportajes cómo los diputados británicos abusan del sistema que les permite pagar con dinero público diversos gastos personales, el escándalo está a la orden del día. Las dimisiones se han sucedido una detrás de otra y no sólo en el Partido Laborista, también en el Conservador. Efectivamente, el incidente ha salpicado a todos los partidos de la Cámara británica.

El diario conservador inglés ha desmantelado un amplio abanico de irregularidades en el seno de los Comunes: desde pagar con dinero público comida de perro hasta los 84.000 euros del ex ministro Keith Vaz por su piso de Westminster, a pesar de que su hogar se encuentra en Stanmore.

Aunque los parlamentarios tienen un sueldo de 72.000 euros anuales, esto parece ser insuficiente para ellos y sus dos residencias. Pues, tal y como establece el sistema político británico, los diputados necesitan dos domicilios: uno en Londres, donde de lunes a jueves acuden al Parlamento, el otro en su circunscripción, donde atienden a sus electores. Por esta razón, desde hace más de treinta años, tienen derecho a cobrar del Estado una parte de los gastos por su segunda residencia. Eso sí, con un límite de hasta 27.000 euros. El problema ha sido el abuso de los políticos al reclamar la devolución de unos gastos tan alejados de la actividad parlamentaria. 

Ante tal panorama político, resulta irónico las declaraciones del primer ministro: “no descarto ningún tipo de sanción”. Tal vez el dedo acusador haya olvidado que él también vive el escándalo en primera persona y no en tercera, pues cobró 9.000 euros por la limpieza de su segunda residencia en Escocia.

De todos es conocida la baja popularidad de Gordon Brown, pero ahora el barco del capitán Laborista se hunde irremediablemente con toda su flota. Está por ver si quedará encallado en el fondo de un mar político o, si por el contrario, podrá reflotar algún día.  

Pero lo más paradójico del caso es que, tras divulgarse la información del diario, las autoridades de la Cámara de los Comunes pidieron a Scotland Yard que investigue la filtración de los datos sobre los gastos de los diputados. 

Los parlamentarios, afirmó un portavoz oficial, consideran que existen "motivos razonables para creer que se ha podido cometer un delito".  ¿A qué delito se refieren? ¿Al de informar a los contribuyentes británicos de cómo se gastan el dinero público los políticos de la Cámara?

De todos es sabido que la prensa británica compra información, a veces de legalidad dudosa. Esta vez el responsable de filtrar al diario The Daily Telegraph los documentos que prueba los abusos por parte de numerosos diputados británicos, trató de venderlos antes a otros periódicos, informó The Guardian. Hace dos meses, se puso en contacto con la redacción de The Times para ofrecer los datos contenidos en un disco duro y que alguien había sustraído al Parlamento. El intermediario pidió por el material 300.000 libras, algo que rechazó el periódico. Finalmente lo compró The Daily Telegraph. 

Ahora el problema reside en la amonestación que puede recibir el diario por la publicación de dicha información. ¿Debe un periódico ser multado por publicar una información de interés social, político y económico? Creo que, en base el Código Deontológico, la respuesta es no. La función primera de los Medios de Comunicación es la de informar a la sociedad. Los Medios deben denunciar las irregularidades del poder, sobre todo si estas afectan de manera directa a la población. Así pues, creo que no deberían ser multados por informar del abuso de poder que ejercen los dirigentes políticos.